Las universidades públicas argentinas recibieron la mitad de ayuda económica respecto del presupuesto que el Gobierno nacional asignó la generación de gas, petróleo y carbón en 2018. Otro dato revelador fue la ciencia y técnica, que registró un 0,53% de recursos contra un 0,33% asignado a las empresas de hidrocarburos.

La eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, o por lo menos su disminución, es una de las batallas clave en la lucha contra el cambio climático. En Argentina, aún resta transitar un largo camino para contrarrestar los efectos del actual sector energético, responsable del mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento del planeta. 

Sin embargo, los decisores de turno se encuentran en otra sintonía ya que “la apuesta del Gobierno nacional es subsidia a las grandes corporaciones para extraer petróleo de Vaca Muerta”, señala el ingeniero Gabriel Blanco, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO) de la UNICEN y experto en cambio climático

“En 2018 los subsidios los combustibles fósiles representaron 6.000 millones de dólares, que es el 6,5% del presupuesto nacional”, cuestionó el experto, que tiene voz y voto en las principales discusiones internacionales sobre calentamiento global.

Esa ayuda estatal a los combustibles fósiles “duplican lo que el Estado invirtió durante todo 2018 en las Universidades Nacionales”, cuestionó con dureza el académico. Y no solo eso, otra comparación que ayuda a dimensionar cuál es el perfil actual de las políticas argentinas es que “todo el sistema de ciencia y técnica de la Argentina se lleva el 0,53% del presupuesto nacional cuando los montos transferidos a las empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos, particularmente para la producción de gas en Vaca Muerta, el año pasado sumaron 340 millones de dólares (de los 6000 millones de dólares mencionados arriba)”.

Eso en la práctica se traduce como “un 0,33% del presupuesto nacional” cuando “los subsidios a las energías renovables en 2018 fueron de 185 millones de dólares”, explica el ingeniero Blanco.

Ahora, “imaginemos qué pasaría si los cientos de miles de millones de dólares que están subsidiando eso fuera para los usuarios residenciales o los privados pudieran comprar sus equipos” para convertirse en productores de energía mediante la generación distribuida.

En ese contexto, sería oportuno y hasta conveniente un “redireccionamiento de los subsidios, para todos los que quieran. Con la generación distribuida está la necesidad de comprar equipos y ahí podría haber una intervención. De hecho, acaba de salir un fondo de 500 millones de dólares para créditos a usuarios residenciales, a muy baja tasa del banco BICE, para comprar equipos. Eso está”, destacó Gabriel Blanco.

La transición hacia el autoabastecimiento no es rápida, económica ni fácil de implementar. “Hay una gran discusión sobre a qué precios van a comprar esa energía que uno como usuario vende a la red. Y ahí hay que redireccionar subsidios. Las cooperativas (que son las distribuidoras) dicen que no pueden pagar mucho a quien inyecta a la red, sólo lo mínimo. Con un subsidio los números cerrarían. Eso se está discutiendo y muy fuerte”, destacó finalmente el profesional.