El COVID-19 nos muestra, de nuevo, que la salud de las personas y la del planeta están íntimamente relacionadas, a la vez que profundiza las desigualdades de género en las que vivíamos. Alcanzaremos logros efectivos en conservación solo si consideramos el papel clave y diferenciado que tienen las mujeres y las niñas en ello.
La crisis del coronavirus dejará a 118 millones de mujeres latinoamericanas en la pobreza y al 15,2 por ciento desempleadas. Un 22 y 6 por ciento más que en 2019, respectivamente, de acuerdo a los datos proporcionados por ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Como indican, “la sobre-representación de las mujeres en el trabajo informal y en los sectores de menores ingresos las dejan más expuestas a las condiciones adversas de la crisis y refuerzan los vínculos perversos de la pobreza monetaria y la pobreza de tiempo”.
A este análisis ha contribuido también la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que analiza cómo la aplicación de las medidas de confinamiento que buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud no es neutra desde el punto de vista de género.
En la peor contracción económica de las últimas décadas en la región, los “nudos estructurales de la desigualdad” harán que las mujeres sean particular y desproporcionalmente afectadas.
Hay que considerar que las mujeres, a causa de la di-visión sexual del trabajo, cuidan a los enfermos en sus hogares y son la principal fuerza laboral en la atención de los sistemas de salud, lo que las coloca en una situación de probable sobreexposición al virus, especialmente en los hogares más pobres.
Además, a medida que el COVID-19 se expande, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se ha visto negativamente afectado a medida que aumenta la crisis económica y la pérdida de empleos, se incrementa la presión por la explotación de los recursos naturales, mientras que el confinamiento dificulta el acceso a ellos y a los beneficios que se derivan de su uso, agravando las dificultades económicas y la inseguridad alimentaria de las familias (La violencia de género y los vínculos con el medio ambiente durante el Covid-19. International Union for Conservation of Nature).
Que la destrucción de la naturaleza conduce a la violencia de género quedó ampliamente documentado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la reciente investigación “Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente: la violencia de la desigualdad”
Durante la pandemia, la proximidad física en situación de confinamiento, los servicios jurídicos limita-dos o la imposibilidad de acceder a las casas de aco-gida, servicios sociales y redes de apoyo, dificultan la capacidad de las víctimas de salir de la violencia (Análisis rápido de género, Care + ONU Mujeres). Mientras que el cierre de escuelas y universidades expone a las niñas y adolescentes a un mayor riesgo de sufrir violencia sexual en su entorno cercano.
En una región tan diversa en pueblos y culturas como Latinoamérica y el Caribe, es fundamental considerar el impacto de la pandemia en las mujeres y niñas indígenas, pedido que recoge la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe en su Agenda regional.
El COVID-19 no solo afecta la salud de las comunidades indígenas, sino que exacerba las amenazas existentes a sus territorios y recursos. Hay que recordar tanto la baja inmunidad a las enfermedades infecciosas de ciertos pueblos y nacionalidades como el aislamiento geográfico en el que muchos viven, que les dificulta acceder a los servicios de salud pública. Esto se ve compensado por el pro-fundo conocimiento y uso que las mujeres indígenas hacen de las plantas en la medicina ancestral.
Queda claro que el enfoque de género cobra más importancia en esta crisis, especialmente cuando algunos sectores están cuestionando consensos básicos en torno a los derechos de las mujeres acordados hace más de 20 años, recogidos, entre otros, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing o en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).
Una respuesta feminista al COVID-19 debe promover una transición justa y equitativa para las personas y el planeta. En este 2020, súper año de la biodiversidad, la incorporación del enfoque de género en la Agenda Post 2020 o la implementación del Plan de Acción de Género del Acuerdo de París son una gran oportunidad desde el sector ambiental para aportar a un mundo más justo y equitativo y no dejar a las mujeres ni a las niñas atrás.
Fuente: Pulso Ambiental / Revista FARN. Texto: María Moreno de los Ríos, oficial del programa de Gobernanza y Equidad para la Conservación de la Oficina Regional de la UICN para América del Sur y miembro de la Mesa Mayor de Mujeres LAC y la Red de Mujeres en Conservación de América Latina y El Caribe.